Carta al Lector

El Paraguay debe ejercer su derecho y contratar toda la potencia disponible en Itaipú

El vencimiento del plazo de 50 años para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú -bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad binacional –, en un lenguaje más coloquial, está a la vuelta de la esquina, o sea dentro de tan sólo cuatro años, cuatro meses y algunos escasos días. Por consiguiente, la premisa de la cual debería partir cualquier análisis es la siguiente: ¡el tiempo apremia!

Inmediatamente después, casi simultáneamente, el Gobierno Nacional debe emprender la ingente tarea de crear el equipo, “con las mentes más brillantes del país”, como dijera hace ya un par de años el Arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, que tendrá a su cargo la Revisión de las disposiciones del Anexo C del Tratado de Itaipú.

En la secuencia de tareas que proponemos, cuyas fronteras temporales casi no existen, porque apenas se trata de esquemas de trabajo, de organización, desde la perspectiva de la mejor estrategia de defensa de los intereses nacionales, otro posicionamiento nacional es indispensable: qué hacer con la energía de Itaipú, que según el Art. XIII del Tratado debe ser distribuida en partes iguales.

Sobre el último de los puntos delineados, creemos que un pensamiento recorre el sentimiento nacional, muchas veces en forma tácita, otras en forma casi estruendosa, aleccionadoramente estruendosa: libre disponibilidad del 50% que pertenece a la República del Paraguay.

Recuperado este derecho, será nuestro país el que decida qué hará con su parte, inyectarla a su aparato productivo e inclusive vender su excedente; pero con una diferencia sustancial: la tarifa. No más pretendidas compensaciones, sino precios de mercado.

Obviamente, esta tarea, especialmente la de la comercialización de la energía paraguaya exigirá no sólo planes, sino también decisiones y acciones concretas, lógicas, expeditivas; por ejemplo, una nueva institución que asuma la responsabilidad de esta actividad, cuya magnitud, está demostrada, excede ampliamente la capacidad de la ANDE.

Apuntemos finalmente que la Revisión de las disposiciones del Anexo C en el 2023 no obedece a una exigencia meramente formal, sino que el plazo en cuestión, según las explicaciones oficiales, es una consecuencia del cumplimiento de una retahíla de exigencias técnicas, por ejemplo la amortización total de la deuda imputada a la entidad binacional, cuyo saldo cae al esperado “0” en ese ejercicio, inclusive a finales del 2022.

Entonces, la entidad binacional dejará de pagar más de US$ 2.000 millones, razón por la cual el costo mensual de la potencia disponible para contratación deberá disminuir, al menos, a US$ 9 kW/mes (63% menos que la tarifa actual). Hoy la ANDE abona por 1.275 MW, US$ 345.000.000. Desde el 2023, con la tarifa reducida, por toda la potencia disponible pagará US$ 655 millones (6.067, 5 MW x 12 meses x US$ 9).

A los pasos previos debemos sumar una faceta que los técnicos no podemos ni debemos olvidar: la concreción en el país, con el esfuerzo del Gobierno si fuere necesario, no sólo de la ANDE, de la infraestructura necesaria para que la mitad de la energía que legítima y legalmente nos corresponde, esté disponible sin cortapisas para el país.

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