Opinión

Con Aña Cuá atropellan atribuciones del Legislativo

La decisión de ejecutar el “proyecto de maquinización del Brazo Aña Cuá del río Paraná” que tomaron los poderes ejecutivos de nuestro país y Argentina, además de contradictoria, desconoce las atribuciones constitucionales de los poderes legislativos ambos países, porque el Tratado de Yacyretá y por consiguiente su Anexo B (descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica …) fue aprobada por la ley 433 del 20 de diciembre de 1973; así como la 20.646 de la República Argentina.

La llamativa mutación que experimento el proyecto en once años prueba las contradicciones de sus responsables, en efecto, basta una pequeña dosis de paciencia para que nuestros lectores lleguen a la misma conclusión. En la licitación N° 321 que la EBY publicaba en enero de 2006 el llamado se refería una “central hidroeléctrica”, mientras que en el actual, la Nº 669, solo se menciona como objeto de la licitación la “ampliación de la central hidroeléctrica de Yacyretá”.

Al revisar la edición del diario ABC Color del 26 de enero de 2006, localizamos un aviso de cuatro columnas por 20 cm., en el que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) convocaba a los interesados a participar en la licitación N° 321 para la construcción de la “central hidroeléctrica del Brazo Aña Cuá. Construcción y puesta en servicio”.

En el segundo párrafo del llamado de referencia, la decisión de construir una central era aun más evidente: “la Entidad ... invita a empresas o asociaciones temporales de empresas ... para la elaboración de la ingeniería de detalle y la construcción de las obras civiles (...) de la central hidroeléctrica del brazo Aña Cuá”.

El día 15 de setiembre del presente año, en un espacio más pequeño, la EBY lanzaba la misma licitación, pero con otro número (669) y, sibilinamente, con otro propósito: “...la ejecución del suministro electromecánico de generación para la ampliación de la central hidroeléctrica de Yacyretá en la margen izquierda del Brazo Aña Cuá”.

Stricto sensu, según el numeral 7 del Anexo B del Tratado de Yacyretá, en el lugar de referencia se construyó un vertedero de hormigón, “dotado de 16 compuertas radiales, cuyas dimensiones serán del orden de 15 m de ancho y 15,5 m de altura, una longitud aproximada de 300 m, capaz de verter hasta 40.000 m3/seg, con el embalse a cota 84,5 m...”. Luego, no hay instalaciones de generación que deban o puedan ampliarse.

Entonces, una conclusión se imponen por su propio peso, la EBY, con el visto bueno de los poderes ejecutivos de nuestro país y Argentina, a través de la licitación que inició el 15 de setiembre pasado, construirá una nueva obra sobre la margen izquierda del brazo Aña Cuá del río Paraná, pero al margen las leyes 433 y 20.646 que aprobaron el Tratado.

Recordemos que el grupo de trabajo que integró la Universidad Católica con decanos, docentes y especialistas del sector Energía, en un documento publicado recientemente por el Suplemento Económico del diario ABC Color, advertía que “la central Aña Cuá no está contemplada en el Anexo B del Tratado de Yacyretá, ni en ningún otro convenio bilateral, de modo que la ejecución de obras en ese sitio requerirá previamente la formalización de un acuerdo bilateral complementario para su correcta ejecución, dentro del marco jurídico establecido por las respectivas constituciones vigentes para las dos partes”.

“Una obra como la del Aña Cuá es totalmente nueva y no corresponde emprenderla sin el cumplimiento de las prescripciones constitucionales vigentes en nuestro país, que requiere la aprobación legislativa. De no ser así, se construirían en nuestro territorio obras binacionales mediante la decisión de un organismo administrativo compuesto por nacionales de ambos países. Esta decisión es competencia exclusiva del Estado paraguayo” se leía igualmente en el estudio impulsado por la Universidad Católica.

Las decisión de los ejecutivos y de la EBY se sustenta en la sesgada interpretación del tercer párrafo del numeral I del Anexo B del tratado, que señala cuanto sigue: “Las obras descriptas en el presente anexo podrán sufrir modificaciones, previa aprobación del Consejo de Administración de Yacyretá, cuando las exigencias técnicas que se verifiquen durante la elaboración del proyecto y ejecución de las obras o cuando requerimientos del mercado energético así lo aconsejen”.

Reiteremos que la nueva central hidroeléctrica en la margen izquierda del brazo Aña Cuá del río Paraná no solo no está descripta en el Tratado, en rigor no figura en ninguno de los artículos del Anexo B, luego la decisión de referencia configura una modificación real de la ley 433/73, una atribución exclusiva del Legislativo.