Los cuatro gremios sostienen que la creación de nuevas instituciones no resolverá el déficit de infraestructura ni acelerará la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución. Por el contrario, advierten que podría generar mayor burocracia, aumentar los costos y prolongar los plazos de implementación de obras. En el caso del Ministerio, cuestionan que su creación se base principalmente en la absorción y promoción de dependencias existentes y consideran que no garantiza una efectiva coordinación de la política energética. También expresan preocupación por la transferencia de las responsabilidades de planificación eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) al nuevo ministerio. Según los gremios, la planificación requiere conocimiento directo de las necesidades del sistema y debe permanecer vinculada al responsable de su operación.
Asimismo, cuestionan que las representaciones paraguayas en Itaipú y Yacyretá queden fuera de la rectoría del ministerio planteado. Mayor preocupación genera el proyecto de creación del ERE. Señalan que concentra en un directorio de tres integrantes, designados por el Ejecutivo, amplias facultades normativas, técnicas, económicas, fiscalizadoras y sancionatorias sobre electricidad, biomasa, hidrocarburos y combustibles.
Los gremios advierten además sobre la utilización de conceptos como “precios de mercado”, “usuarios regulados y no regulados” y “agentes”, sin una definición suficientemente clara de sus alcances. Entienden que esto podría significar un intento de establecer un mercado eléctrico sin contar previamente con una legislación integral que defina la estructura del sector.
Otro punto cuestionado es el financiamiento del ERE mediante una carga equivalente al 2% para el usuario del servicio eléctrico, así como su participación en procesos operativos de las empresas eléctricas, como la elaboración de pliegos de licitación, términos contractuales y aprobación de inversiones. Los gremios consideran que estas atribuciones podrían incrementar costos y retrasar la ejecución de infraestructura.
También cuestionan la inclusión, dentro del proyecto regulatorio, de disposiciones vinculadas con la implementación de un Plan de Medición Inteligente, por considerar que se trata de decisiones técnicas y operativas que deberían corresponder a la empresa eléctrica.
Frente a los argumentos oficiales de que el nuevo esquema institucional permitirá mejorar la previsibilidad, transparencia y condiciones para la inversión, las organizaciones sostienen que estos objetivos pueden alcanzarse fortaleciendo a la ANDE. En particular, plantean resolver su situación financiera mediante tarifas que cubran adecuadamente los costos, conforme al esquema previsto en la Ley N° 966, para garantizar el repago de las inversiones.
La UIA recuerda además que presentó una propuesta de subasta para la asignación de potencia a industrias electrointensivas, orientada a mejorar la transparencia y maximizar los ingresos para el país, iniciativa que aún no recibió respuesta de las autoridades.
La UIA, SITRANDE, SIPRA y APROANDE aclaran que no se oponen a eventuales reformas institucionales. “El verdadero desafío pasa por fortalecer la ANDE, devolver la primacía a las decisiones técnicas y hacer cumplir el marco jurídico vigente”, sostienen. De forma categórica, afirman que “más burocracia no es más institucionalidad”.